Juan Felipe Lemos pasó de ser congresista a ocupar una de las nueve sillas del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que se encarga de vigilar las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos en Colombia. Durante la discusión del Presupuesto General de la Nación, el ahora presidente del CNE lanzó una alerta: la entidad necesita al menos $300.000 millones adicionales, especialmente de cara a las elecciones territoriales de 2027.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado antioqueño habla de las deudas que la entidad arrastra por reposición de votos y los recursos necesarios para garantizar el derecho de la oposición.
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Hay una dificultad presupuestal para las elecciones de 2027. ¿Cuánta plata se necesita, cuánto está proyectado y cuál es el problema?
"Tenemos asignados $1,3 billones de pesos. Habían solicitado $2,2 billones. Se hizo un recorte por parte del Gobierno de $900.000 millones. Lo que genera una dificultad y no alcanzaría. Esto, de cara a las elecciones territoriales, que son las elecciones más importantes por la magnitud, por el volumen y por la complejidad logística de las mismas. Por ejemplo, mientras que en las elecciones de Congreso participan unos 2.500 candidatos, en las elecciones territoriales participan cerca de 125.000.
Eso conlleva a un aumento en gastos de logística, en garantizar la plataforma tecnológica que permita la acreditación de testigos, la diligencia de las 125.000 mesas en todo el país, en los tribunales de garantías de los departamentos, los centros de cómputo que tienen auditores, que tienen observadores".
Y este presupuesto, comparado con los que se han aprobado históricamente para el CNE, ¿tiene una rebaja sustancial?
"Hicimos un ejercicio para constatar qué requería realmente para garantizar la transparencia y el control de las elecciones del año entrante, y observamos que con $1,6 billones, es decir, $300.000 millones adicionales, el CNE cumpliría una labor destacada y responsable en esa materia.
Pero, al fin de cuentas, nos tocaría reducirle a temas que también son muy importantes, que son garantizar el Estatuto de Oposición, que es permitir que los partidos de oposición, no solamente a nivel nacional, sino en los departamentos y en los municipios, puedan tener acceso a medios radiales y a medios televisivos para ejercer el derecho a la oposición consagrado en la ley".
¿Cuánto vale hacer efectivo el derecho a la oposición?
"El Consejo Nacional Electoral lleva cumpliendo el Estatuto de Oposición al Gobierno Nacional, pero en el escenario departamental y territorial no se ha podido cumplir. Ese componente para la vigencia entrante estaba valorado en cerca de $656.000 millones.
Nosotros consideramos que con $150.000 millones, de pronto un poco más, se podía garantizar ese ejercicio también en el escenario departamental y territorial".
¿Ya radicaron la solicitud para pedir más plata?
"Esa solicitud la vamos a presentar el próximo miércoles (hoy). Vamos a presentar una proposición ajustada, no por $900.000 millones, que fue lo que bajaron, sino por cerca de $300.000 millones, para que el control de vigilancia electoral, el funcionamiento de partidos, reposición de votos y los derechos a la oposición puedan estar cubiertos en 2027".
¿Con las cuentas que tiene, quedan blindadas las elecciones del 2027?
"La obligación principal hoy es garantizar la función de control de esas elecciones. Si nos mantienen el presupuesto; es decir, $1,3 billones, nosotros en lo único en lo que no podemos hacer recorte es en garantizar todo el proceso de control a las elecciones.
¿Qué alternativa tendríamos? Reducir los recursos que estén destinados para garantizar el derecho a la oposición y reducir los recursos destinados al tema de financiamiento de partidos y pago de reposición de votos.
Eso ya ha sucedido. Hay un atraso desde el 2018 en el pago de reposición de votos, porque cuando vienen años electorales, esos temas se hacen a un lado para darle prioridad a la elección. Entonces, nos va a tocar seguramente hacer eso, aunque yo debo advertir que hay un buen ambiente en el Congreso de la República".
¿A cuántos candidatos se les debe?
"No tengo esa cifra hoy. Uno de los primeros temas que estamos poniendo en orden es ese. Hay una cifra de cerca de $439.000 millones, pero está por aclararse con datos".
¿En qué consiste el proyecto para recuperar la autonomía presupuestal de la entidad?
"El artículo 265 de la Constitución establece que el Consejo Nacional Electoral es un órgano con autonomía presupuestal y financiera. En vista de que nunca se desarrolló este artículo, el CNE venía funcionando como un apéndice de la Registraduría. Por eso, vamos a radicar un proyecto de ley orgánica para garantizar la autonomía financiera y presupuestal del CNE".
¿Qué opina de la propuesta en el Legislativo para que no sean los congresistas quienes escojan a los magistrados del CNE, sino que sean las cortes?
"Sobre eso, hemos hablado con los demás consejeros y sentaremos una postura en Sala Plena; hasta ahora no se ha abordado. Pero mi opinión va en el sentido de la Constitución, que dice que el CNE debe tener un componente político".
¿Ya se hizo el reparto de las escisiones del Partido Verde —la de Jota Pe Hernández y la de Cathy Juvinao— y la del Centro Democrático, presentada por María Fernanda Cabal?
"No se han resuelto esos asuntos; apenas hemos tenido dos sesiones; entre esas, una para hablar del caso urgente de las elecciones atípicas de Alcaldía de Cartago (programadas para el 20 de septiembre). Esta semana citaremos a otra sesión extraordinaria justamente para decidir sobre esas atípicas".
¿Qué harán para evitar que se den situaciones como los posibles sobrecostos de testigos que investigan los entes de control?
"Nosotros no pondremos espejo retrovisor. Será la Procuraduría y la Contraloría quienes definan el tema. Pero la tarea que tenemos ahora es solicitar control preventivo a esas entidades de los contratos de alta cuantía que realice el CNE".
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